Cuando la nueva gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hizo su primer diagnóstico de la justicia penal nacional y federal, algunos de los datos que surgieron dieron impulso a los proyectos de ley que, hoy, ya están logrando acelerar los procesos del fuero. Uno de los diagnósticos indicaba que de los 30 tribunales orales en lo Criminal de Capital Federal, sólo 12 tenían su integración completa. Y en los tribunales, para tomar una decisión, hasta fines de 2016 era necesario que los tres magistrados brinden su acuerdo.

Con la sanción de la Ley 27.307 de Juicio unipersonal –y su posterior promulgación, a fines de 2016-, se logró avanzar con el tratamiento de muchos casos que habían quedado paralizados por la falta de integrantes en estos órganos judiciales.

Esta ley permite que cualquiera de los jueces miembros del tribunal pueda tomar una decisión, en ciertos casos, sin la necesidad de que sus colegas brinden su acuerdo.

El juicio unipersonal se utiliza de forma obligatoria en aquellos casos en los que la pena del delito sea de hasta seis años de prisión; optativa para aquellas causas donde el delito comprende penas de entre 6 y 15 años de prisión; y, finalmente, la decisión “colegiada” –es decir, tomada de conjunto por los tres jueces- será obligatoria para los casos que comprendan penas mayores a 15 años de prisión.

En qué casos se utiliza

Esta modalidad se usa para casos de, por ejemplo, hurtos, robos, amenazas, lesiones culposas y homicidio culposo, entre otros; es optativo en casos de explotación sexual, reducción a servidumbre, corrupción de menores,  abuso sexual gravemente ultrajante, entre otros; y el tribunal decidirá con su pleno en los casos de homicidio agravado y en ocasión de robo, tortura, privación ilegítima de la libertad por parte de un funcionario público o un grupo con respaldo del Estado y el financiamiento de actividades vinculadas con la venta de estupefacientes.

Gracias a la ley de Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal se logró un 67% de disminución de las demoras en fijar audiencias en causas penales, y una significativa reducción de carga de trabajo, sin erogación presupuestaria.

Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, explicó, cuando se llevó a cabo el debate, que la sobrecarga de trabajo de estos tribunales iba en aumento constante y no se estaban tomando medidas para solucionar este problema. Acusó una “falta de reformas institucionales” que esta normativa, junto con otras que van en el mismo sentido, intentan aliviar.

La propuesta se discutió y recogió sugerencias de la plataforma Justicia 2020, un espacio en el que, gracias a reuniones presenciales y una web, se pueden llevar a cabo aportes y discutir el contenido de proyectos de ley en materia de Justicia.