A lo largo de su década de existencia, el programa Las víctimas contra las violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, atendió a más de treinta y seis mil denunciantes  de violencia familiar y sexual.

Conducida por la psicoanalista y psicóloga Eva Giberti, esta iniciativa recibió hasta la fecha 113.121 llamados en la línea gratuita 137. De esa cifra, más de la mitad de quienes recibieron atención frente a situaciones de violencia familiar fueron menores.

Desde su creación, en octubre de 2006, el equipo de violencia familiar del programa atendió en sus domicilios a 26.233 víctimas, de las cuales el 57 por ciento fueron menores; por su parte, la brigada de atención a víctimas de violencia sexual asistió a 9.807 personas; de ellas, las mujeres, los niños y los adolescentes han sido el blanco recurrente de los atacantes.

Según las estadísticas, el 38 por ciento de las mujeres que solicitan ayuda al 137 temen denunciar a su agresor, por lo cual hay un subregistro de las cifras de violencia familiar.

Este programa recibe las denuncias las 24 horas durante los 365 días del año en la línea telefónica gratuita 137. Además, cuenta con un equipo para enfrentar casos de explotación sexual contra menores de edad. Este grupo trabaja en forma sostenida con las fiscalías y tiene el foco puesto en el grooming, una de las nuevas modalidades de acoso desarrolladas a partir del auge de las nuevas tecnologías, que tiene a niños y adolescentes como principales víctimas.

El mecanismo de funcionamiento operativo deriva de la acción de un equipo móvil de atención que, en el caso de víctimas de violencia familiar, actúa en la escena del hecho, luego de que la víctima o alguien de su entorno hace efectivo el llamado a la línea 137. De esa forma, se pone en marcha un procedimiento en el que los profesionales avisan de inmediato al patrullero de la zona para que concurra al domicilio donde se concretó el acto de violencia.

En simultáneo, psicólogos y trabajadores sociales que integran este servicio del Ministerio de Justicia se trasladan con personal de fuerzas de seguridad hasta el lugar para brindarle contención a la víctima, instruirla en sus derechos y ayudarla a radicar la denuncia, así como también acompañarla a un hospital para que sea atendida si la situación lo requiere. En las semanas siguientes al hecho, hay un monitoreo de la situación de la persona agredida, a la que también se la asiste orientándola sobre patrocinio jurídico gratuito para no dejar caer el proceso judicial puesto en marcha, y también sobre tratamientos psicológicos que puedan darle un marco de contención emocional. El equipo jurídico dispone de un sistema de guardias telefónicas las 24 horas, y acompaña la labor del equipo móvil durante la intervención en terreno para orientarlo sobre las posibles acciones legales a instrumentar.

Desde la perspectiva de Giberti, los dos principios básicos de Las Víctimas contra las violencias son la emancipación de la víctima -que no sea pasiva, sino que reconozca y luche por sus derechos- y el trabajo en los lugares del hecho, dejando de lado la atención burocrática de los escritorios. En cuanto a los casos de violencia sexual, las comisarías están obligadas a llamar inmediatamente al Programa, quien toma a su cargo la atención de las víctimas. Éstas son preservadas en un ambiente en el que interactúan con una psicóloga y una trabajadora social, quienes las asistirán al momento de hacer la denuncia e identificar al agresor en los archivos policiales por pedido del juez interviniente. Ya radicada la denuncia, el equipo se dirige con la víctima al centro sanitario para la aplicación del Protocolo Único de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual.

El programa liderado por Giberti cuenta además con la línea gratuita 0800-222-1717- Niñ@s contra la explotación sexual y grooming-, que opera a nivel nacional en la prevención del grooming, la pornografía, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y del denominado turismo sexual infantil. En estos casos puntuales, la brigada de actuación brinda asesoramiento y acompañamiento a las víctimas y sus referentes familiares o sociales hasta el momento de efectuarse la denuncia en el ámbito judicial.