El presidente Mauricio Macri abrió la jornada “Argentina sin narcotráfico” en el Centro Cultural Kirchner (CCK), destinada a buscar consensos entre las autoridades de los tres poderes, de cara a definir mejores políticas públicas. “El cambio significa no volver atrás para no tener un Estado que sea socio del narcotráfico”, fue una de sus definiciones.
En esa línea, Macri destacó “que hace dos años asumimos el compromiso de luchar contra el narcotráfico por eso aumentamos un 40 por ciento las detenciones y un 1000 por ciento las incautaciones de drogas sintéticas”.
“La suma es el esfuerzo de todos porque cada uno desde su lugar hace la diferencia. Depende de nosotros y de los que estamos acá. Así que cuento con ustedes”, convocó el primer mandatario ante un auditorio conformado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, jueces federales de todo el país, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, los ministros nacionales Germán Garavano, de Justicia, y Patricia Bullrich, de Seguridad. También el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, el procurador interino Eduardo Casal, gobernadores y senadores nacionales.
Fotos: Patrick Haar.A su turno, Garavano explicó que “la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y los jueces cuentan con todo el respaldo para poder trabajar”.
Así lo sostuvo al momento de presentar el “proyecto de ley que busca desdoblar los juzgados federales del interior del país exclusivos en materia penal en zonas de frontera y en jurisdicciones que tiene más dificultades”.
Garavano incluyó entre los “puntos cruciales” de la modernización judicial que impulsa es la “implementación del nuevo Código Procesal Peal de la Nación, que comenzará a regir en marzo próximo, en el norte del país, así como el nuevo proyecto de Código Penal que prevé un agravamiento de las penas para los delitos como el tráfico de drogas y un abordaje más social y terapéutico sobre el consumo personal de estupefacientes”.
Mesas de trabajo
Tras las palabras de Macri y Garavano, quedaron iniciadas la jornada de trabajo de los jueces ferales del interior con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde se empezó “un trabajo intenso para evaluar las políticas llevadas a cabo en estos dos años de lucha contra el narcotráfico y las medidas que se van a implementar a partir de ahora”, resumió el ministro.
El proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Federal, consensuado con la oposición, fue presentado en el Congreso para su debate parlamentario. Luego debería iniciarse el proceso de selección de los nuevos jueces en el Consejo de la Magistratura.
“Con este proyecto estimamos que uno o dos años tardará el proceso de selección de un juez”, dijo Garavano, que además enfatizó en que el “impacto presupuestario es menor”, al desdoblar los juzgados existentes.
El panorama federal
La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, señaló que “este plan se lanzó hace dos años para el trabajo en conjunto de ambos ministerios para profundizar con la Justicia la lucha contra el narcotráfico”. Y agregó: “En NEA y NOA tenemos la mayor cantidad de decomisos, y los juzgados tienen entre 14 y 15 mil causas, así que buscamos mejorar el servicio de Justicia” de estas dependencias.
En la actualidad, a nivel nacional existen 116 juzgados federales de primera instancia para la investigación de múltiples delitos y fueros. Entre ellos, hay 70 que son “multifuero con competencia penal”. Es decir, que además de investigar delitos complejos como el narcotráfico o la trata de personas, también atienden los comunes, como hurtos o conflictos de familia. Por ejemplo, el juzgado federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, o el de Oberá, en Misiones.
El proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Federal plantea la creación de 94 nuevas dependencias penales en todo el país para la investigación de delitos complejos como el tráfico de estupefacientes o el lavado de dinero.
El texto fue redactado por la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal del Ministerio, que planteó como primer objetivo la “investigación, el juzgamiento y la sanción de la delincuencia organizada y de los delitos vinculados”, siguiendo la política de Estado contenida en la declaración de emergencia en seguridad pública en la totalidad del territorio nacional plasmada en el decreto 228 del 21 de enero de 2016.
En sí, el proyecto separa las secretarías penales de los juzgados multifuero del interior designando sólo un juez en las nuevas dependencias nuevas en zonas de conflicto. De esta manera, según su coordinador Ariel García Bordón, serán “205 juzgados federales con asiento en las provincias”. De ellos, 110 quedarían con “competencia exclusivamente penal” para combatir del crimen organizado. Y 95, con competencia “no penal”.
El proyecto se integra dentro del Programa Justicia 2020, ya que se busca modernizar la Justicia, darle mayor transparencia e independencia y más cercanía a la gente. La iniciativa implicaría la creación de cargos de jueces, un defensor público oficial por cada provincia y alrededor de sesenta cargos de fiscal, colocados en zonas estratégicas.
