Una comitiva del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue a Colombia a buscar consensos para que la política criminal de los países de habla hispana apunte hacia diseños que articulen con el resto de las políticas estatales. El sistema penal como herramienta de prevención y la víctima como parte de los procesos son los ejes principales.
Los ministerios de Justicia de habla hispana tienen un lugar dónde aunar criterios en materia de política criminal: La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), que esta semana sostienen un encuentro destinado a consensuar las bases y principios de la política criminal de los países miembros.
La asamblea extraordinaria que tiene lugar entre el miércoles 7 y el jueves 8 de marzo se concreta a partir de la formalización argentina de una propuesta de redacción de esas bases. En concreto, el país apunta a darle a la víctima un rol más preponderante a lo largo de todo el proceso penal, así como hacer de este último una herramienta preventiva del delito, no solo punitiva.
Uno de los miembros de la comitiva argentina que viajó a Cartagena de Indias, en Colombia, para defender la iniciativa nacional ente sus pares de todo Iberoamérica, España y Portugal, es el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez. El funcionario explicó que Argentina lleva a la cumbre una contrapropuesta de bases de Política Criminal -elaborada por esa Subsecretaría- luego de que el ahora país anfitrión, Colombia, había avanzado con una propuesta propia. La presentación de esas dos iniciativas tuvo lugar el 29 y 30 de enero últimos, en Guatemala, por lo que se prevé que se alcanzará un acuerdo que rubricarán todas las partes.
Dos de los ejes de la moción argentina pasan por el planteo de que “toda la política criminal (de cada país miembro) tiene que estar centrada en la sociedad y en la víctima”, y “a partir de ahí tienen que diseñarse las demás políticas públicas”.
El director nacional de Política Crimina, Carlos González Guerra, explicó en el mismo sentido que las conductas delictivas en los países que integran la COMJIB “son similares pero la forma de abordar esos problemas no lo es. Lo que pretende Argentina es plantear con claridad la necesidad de mejorar el sistema penal como herramienta de prevención y poner la atención en el eterno ausente en el sistema penal: la Víctima”, argumentó González Guerra, desde Colombia.
Otro de los eje claves de la contrapropuesta nacional es el diseño de las políticas públicas a partir de la utilización de datos empíricos que permitan sustentar las decisiones que se toman, al mismo tiempo que ambiciona lograr transparentar los sistemas de Justicia, es decir, sin relegar celeridad y modernidad en las investigaciones, conseguir que esos sistemas “rindan cuentas a través del suministro de información”, amplió Benitez.
Política públicas integrales
En el proyecto argentino, la política criminal debe cumplir un rol de articulación con otros órdenes del sistema gubernamental de organización de la sociedad. Se trata, en palabras de Benitez, “de poder interrelacionar la Política Criminal con el resto de las políticas públicas: El diseño arquitectónico de una ciudad -su infraestructura, como luminaria, suministro de agua potable, escuelas, hospitales, etcétera- tiene incidencia e impacto en el diseño de la política criminal. Tenemos que lograr la articulación del Estado en su conjunto para que ese diseño esté alineado con la Política Criminal y viceversa”, señaló el titular de la Subsecretaría dependiente del Minsiterio de Justicia y Derechos Humanos.
Otro eje de suma importancia será el combate del narcotráfico y del crimen organizado, que debe contar con una política común de cooperación regional y decisión política para ir tanto contra la cadena superior del tráfico como el narcomenudeo.
“Es preciso tener en cuenta que el consumo es un problema de salud pública y que hay que atenderlo de esa manera”, definió Benitez.
Otra de las pautas de trabajo serán los delitos contra el ambiente, cuya explotación genera población vulnerable que es captada por las redes del crimen organizado. Asimismo, la comitiva adelantó que se tendrá presente también el problema carcelario, enfocado especialmente en buscar opciones por fuera del encierro para aquellas personas que cometan delitos leves o personas en condiciones de vulnerabilidad -como mujeres embarazadas, adultos mayores o personas enfermas-, al mismo tiempo que se trabaja dentro de la cárcel para “recuperar la cultura del trabajo y la responsabilidad individual por el acto cometido”, instó el subsecretario.
Por último, dentro del eje de los niños, niñas y adolescentes se buscará consensuar abordajes integrales tanto para aquellos y aquellas que están dentro de la edad de punibilidad como quienes no. “La respuesta por el delito cometido no sólo se le debe dar al Estado sino también a ese niño, niña o adolescentes para que no continúe la cadena delictiva”, cerró el mandatario nacional.
