En el Congreso

Informe anual del Consejo Federal de lucha contra la trata

Se abogó por la sanción de un proyecto que establece la creación un fideicomiso público de administración para los bienes provenientes del delito de trata.

La subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez, presentó el informe anual 2018 del Consejo Federal de la Lucha contra la Trata ante la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Rodríguez, que es la coordinadora del Consejo, remarcó que “se trató de un trabajo conjunto y mancomunado”.

En su exposición, la funcionaria destacó que el Consejo actúa bajo la premisa de un  espíritu federal, es interjurisdiccional e interministerial, cuenta con miembros de todas las provincias, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración General, del Congreso, de doce organismos del Ejecutivo y tres organizaciones sociales elegidas por concurso.

“Conforme lo establece el artículo 20 de la ley 26842, una de las obligaciones que tiene el Consejo Federal es la de presentar un informe anual al Congreso para su aprobación. Esto era una deuda de cumplimiento de este mandato legal, que persistía desde el 2012, y tenía que ver precisamente con que no se había conformado el Consejo Federal”, detalló Rodríguez.

Además señaló que “el Consejo ha sido un llamado a la acción permanente”. En ese sentido, contó que este año hubo cuatro reuniones en los que se discutió sobre los ejes fundamentales de trabajo: la protección, la restitución de derechos a las víctimas y la sanción y persecución a los delincuentes.

Rodríguez también presentó la “Guía de buenas prácticas para la realización de allanamientos en la investigación de los delitos de trata y explotación de personas”, que busca generar lineamientos básicos acerca de la importancia que este acto reviste en las investigaciones judiciales. Al mismo tiempo, dio a conocer una guía para la mejor manera de tratar esta temática por parte de los medios de comunicación.

Rodríguez también se explayó sobre un proyecto -que se encuentra en el Senado- orientado a la creación de un fideicomiso público de administración para los bienes muebles e inmuebles provenientes del delito de trata, que tiene por objetivo servir a la asistencia directa a las víctimas.

Asistencia directa

“Una de las funciones primordiales que tiene este Consejo es la de administrar los fondos de decomiso de este delito, para darles un fin muy específico que establece la ley: brindar asistencia directa a las víctimas. Se decidió explorar qué decía la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las 40 recomendaciones del GAFI, cuáles eran las mejores prácticas desarrolladas en esa materia por el G8. Es decir: relevar qué decía el contexto internacional para establecer que el mejor mecanismo que nos permitiera ser más transparentes en la administración de un fondo fiduciario público”, explicó Rodríguez.

En lo referente a los refugios para víctimas de trata, Rodríguez refirió que hay dos refugios nacionales que son para protección a la víctima antes de llevar adelante su declaración.

En el caso puntual de que se trate de menores de edad, la tutela del Estado es obligatoria. En las provincias también hay refugios que operan de acuerdo a la normativa de cada una de las jurisdicciones. “El gran desafío es dar una respuesta en todo el territorio nacional y que se aplique el sistema de solidaridad de provincias, porque hay algunas más avanzadas que otras”, concluyó Rodríguez.

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata opera como un espacio de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la lucha contra la trata laboral y sexual, y dispone de autonomía funcional. Realiza reuniones rotativas y periódicas en las distintas provincias con el objetivo de definir líneas de acción y articular dispositivos territoriales para prevenir y combatir el delito de trata y abordar la protección y asistencia a las víctimas.