Hay 29 laboratorios regionales de investigación criminal en todo el país, que son esenciales para la indagación de la prueba en los hechos delictivos. Cómo se componen y qué cambios se vienen para mejorar el servicio.
El problema de la investigación de las causas penales y su articulación con los procesos judiciales es otra de las medidas en el marco de la reforma del Código Procesal Penal Federal. Desde el Programa Nacional de Criminalística, a cargo del director Santiago Del Carril, se busca intensificar la formación y la capacitación del equipamiento de los laboratorios, así como la iniciativa de realizar una formación intermedia para formar investigadores o detectives.
Desde Rio Gallegos hasta Jujuy, y tras el convenio firmado entre los ministerios de Justicia y Ciencia y Tecnología a través del CONICET, se realizarán tres ejes de fortalecimiento de la investigación de las evidencias: la capacitación de los equipos técnicos, la formación de investigadores, y relación entre la ciencia y la justicia para la producción de la pericia.
Hay 29 laboratorios a nivel nacional divididos en regionales (16) y satelitales (13). Los primeros tienen un abordaje integral del proceso pericial, mientras que los segundos se dividen, en general, en algún gabinete específico: balística, por ejemplo.
Los laboratorios satelitales están ubicados, por ejemplo, en Rawson, Posadas o La Rioja. Los regionales están divididos en el Noroeste: con sedes en Salta y Jujuy; Región Noreste: en Resistencia, Chaco; en el Centro en Córdoba capital; en Cuyo, en Mendoza; en la Región Patagonia Sur: con sede en Rio Gallegos, Santa Cruz, y Norte, con cinco sedes, cuya sede central es Bariloche. Y la provincia de Buenos Aires tiene también cinco laboratorios: Junín, Lomas de Zamora, Vicente López, Mercedes y Mar del Plata.
“Se necesitan capacitaciones en los laboratorios para utilizar correctamente el equipamiento en pos de mejorar el servicio de justicia y federalizar los procesos”.
Desde el programa que depende de la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Martín Casares, explicaron que “se necesitan capacitaciones en los laboratorios para utilizar correctamente el equipamiento en pos de mejorar el servicio de justicia y federalizar los procesos”.
Por un lado, hay un convenio con científicos que están realizando un proceso de diagnóstico de situación de los laboratorios, para certificar su proceso de calidad. Se evaluará su capacidad técnica, se calibrarán los equipos y se realizarán un informe final de cada laboratorio. Por otro, a través de la red de ministerios públicos fiscales provinciales nucleados en el Consejo Federal se generarán capacitaciones internas de los técnicos. El primer taller sobre “Informática forense” será el próximo 21 de octubre. Se explicará el manejo de instrumental para extraer la evidencia informática y el uso del software correspondiente.
Capacitación y equipamiento
Un laboratorio regional en general está compuesto por áreas que engloban varias especialidades de medicina y ciencias forenses. En el de Chaco, por ejemplo, el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) está integrado por los laboratorios de Anatomía Patológica, Toxicología Forense, Química Legal y el sector de Tanatología. Los cromatógrafos permiten procesar sustancias tóxicas (drogas, venenos, etc.) y el Microscopio Electrónico de Barrido está también ubicado en el IMCiF pero lo usa de manera compartida también el Gabinete Científico. Por otra parte, en el Gabinete Científico Judicial (GCJ) es donde se hacen las pericias informáticas, accidentología vial, balística, documentología, revenidos químicos, relevamientos topográficos.
Desde el Programa Nacional de Criminalística hicieron hincapié en la capacitación pero también en la compra de equipamiento para aprovechar los recursos de cada sede. En los laboratorios, en general, se trabaja con cromatógrafos para procesar toxicología (drogas, venenos, etc), microscopios de barrido confocal (que permite agrandar partículas mínimas), equipamiento para detectar ADN. También se presupuesta la compra de UFED, dispositivos que analizan aparatos móviles.
El uso de la prueba informática está siendo cada vez más validada por la justicia. “Se avanzó muchísimo en los últimos años. El mundo jurídico logró determinar la huella digital y eso cambió el servicio de justicia. Es una evidencia con una validez incluso más sólida que otras porque están encriptadas y no se puede vulnerar fácilmente”, explicó Del Carril.
