“Estamos muy contentos con la ley. Esto de poner a las víctimas en el centro del proceso es un gran avance”. Matías Bagnato es sobreviviente de la llamada Masacre de Flores, un incendio intencional que afectó la casa de su familia en ese barrio porteño. Desde ese febrero de 1994, Matías se instaló como uno de los principales impulsores de los derechos de las víctimas, a través de la asociación “Usina de Justicia”.
La reglamentación de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos implica un cambio de paradigma con respecto al rol que ocupaba en el proceso judicial quien se veía afectado en sus derechos. Ahora, entre otros beneficios, la víctima no tendrá que ser querellante para tener un rol activo en la causa.
Con el impulso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la normativa aprobada habilitó el funcionamiento del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), un órgano que estará disponible las 24 horas, todos los días de la semana, y en el cual se brindará asistencia jurídica, psicológica y social.
Nilda Gómez, madre de una víctima de la masacre del boliche porteño Cromañón, recordó que “la verdad que el destrato al que fuimos sometidos los últimos once años hizo que la víctima no le importara a nadie”. “La participación social en la búsqueda de una Justicia más sana es imprescindible”, completó Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, un joven que murió en la tragedia Once.
