A través de un convenio entre la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y el gobierno provincial, las personas que hayan sufrido hechos de violencia de género tendrán asesoramiento jurídico.

A través de la sanción de la ley 27210 a fines de 2015 se creó el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género en todo el país. Según la normativa, su objetivo “es garantizar el acceso a la Justicia de las personas” que sufren este tipo de delito en consonancia con la ley que de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Y por tanto, hacer valer sus derechos constitucionales.

El acuerdo fue firmado a fines de marzo por los subsecretarios provinciales de Gobierno y Justicia, Juan Pablo Prezzoli; y de Derechos Humanos, Alicia Comelli; y por la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez. Se rubricó en Neuquén en el marco de la implementación de la mencionada legislación.

“Es una deuda que tenemos y la queremos saldar”, explicó la funcionaria y agregó que preocupa “la escalada de femicidios, pero que también nos ocupa para mejorar el nivel de respuesta social” en el marco del  Programa Justicia 2020 que lleva adelante el Ministerio de Justicia de la Nación.

La ley dispone la creación de un cuerpo de abogados que brindarán patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento en todo el territorio nacional a todas las personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y aspectos. Así como en la que es ejercida “por razones de identidad de género u orientación sexual” de modo “de garantizar un acceso a una Justicia de manera oportuna y efectiva”.

En su segundo artículo, remarca que se deben desarrollar mecanismo de coordinación y cooperación con los otros operadores judiciales sean nacionales, locales o provinciales: Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, Poder Ejecutivo y Judicial. Tanto en sede administrativa como judicial.

En tanto, en ese sentido, la normativa aprobada hace poco más de un año, explica que se deben celebrar acuerdos con colegios de abogados, instituciones académicas, y organizaciones de la sociedad civil para brindar la asistencia jurídica especializada en esta temática así como que debe ser un servicio gratuito.

El espíritu de la legislación también abarca la capacitación en temas de violencia de género de los actores judiciales así como su actualización normativa tanto en la administración pública nacional como provincial. Así como fomentar la elaboración de informes e investigaciones con las causas en trámite en línea con evaluar su eficacia. En esa línea se enmarca el Modelo de Atención Integral que impulsa la subsecretaría que dirige Rodríguez.

Equipo Interdisciplinario

En el MAI se trabaja en función de un modelo de especialistas de diferentes ramas como la psicología o el trabajo social liderados por un juez natural. En la ley que inspiró el acuerdo firmado, se dispone una Comisión Interdisplicinaria dentro del Cuerpo de Abogados de Víctimas de Violencia de Género que trabaje como “asesora para un abordaje integral” de los problemas en la vida intrafamiliar y que tenga una experiencia no menor de cinco años.

Entre sus principales objetivos, deberán “auxiliar al Director Ejecutivo” del cuerpo de letrados “en el abordaje integral”, y realizar informes de riesgo. Y resalta que deben promover la unificación de criterios en la recepción de las denuncias para “evitar una revictimización” de la víctima así como “medidas reparatorias”.

Por último, en el convenio firmado en territorio neuquino que implementa la ley sancionada, se anticipó que se entregarán a las provincias “dispositivos de seguimiento con la mejor tecnología para mejorar la eficiencia en las medias cautelares cuando se dispone una restricción perimetral”. Aunque se instó a que las provincias “desarrollen un centro de monitoreo con buena conectividad y una respuesta policial inmediata”.