Se entregaron los primeros seis documentos a personas discapacitadas alojadas en penales de Florencio Varela y Ezeiza. Así, podrán acceder a derechos adaptados a su condición de salud.

Cinco detenidos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, y uno del Sistema Penitenciario bonaerense, recibieron en octubre su Certificado Único de Discapacidad (CUD). La emisión de este documento sienta un precedente en materia de discapacidad y acceso a la Justicia, puesto que es la primera vez que lo obtienen personas que se encuentran en situación de encierro carcelario.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través de su Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS)- celebró con el Sistema Penitenciario Federal (SPF) y la Junta Evaluadora -dependiente del Ministerio de Salud de la Nación- un acuerdo para que se reconozcan los derechos de acceso de las personas que cumplen una condena en un penal.

De los primeros seis beneficiarios, dos presentan multidiscapacidad, un número similar presenta discapacidad motriz, uno visceral y otro visual.

A su vez, cinco se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (dependiente del SPF) y su CUD será válido hasta 2026, en tanto que el restante cumple condena en la Unidad 23 del Complejo Penitenciario de Florencio Varela, (Servicio Penitenciario Bonaerense), podrá utilizar su CUD por cinco años.

Como lo expresa la Coordinadora del programa, Mabel Remón: “A través de este documento público, el Programa podrá gestionar los ajustes razonables para que la discapacidad no se convierta en un agravante de la pena y los internos puedan cumplir su condena en igualdad de condiciones con los demás”.

“A través de este documento se podrán gestionar ajustes para que la discapacidad no se convierta en un agravante de la pena”.

Remover barreras

Desde su creación, ADAJUS comenzó a relevar y monitorear la situación de las Personas con Discapacidad (PcD) en situación de encierro carcelario en los diferentes establecimientos del SPF, y concluyó que 950 internos, de una totalidad de 10 mil, poseen algún tipo de discapacidad.

Este trabajo se lleva a cabo con el objetivo de identificar las barreras edilicias, comunicacionales y actitudinales y poder removerlas, para que los internos puedan acceder a la vida laboral, educativa, recreativa y cultural de la institución.