Durante la segunda jornada del primer taller internacional “Alianza Mundial para el Reporte del Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas” continuaron diversificándose el debate y el trabajo de los representantes de distintos países en miras a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para lograr un desarrollo sostenible.

María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH, fue una de las expositoras en este segundo día de la actividad y destacó que “la inequidad y la desigualdad está asociada a la corrupción”. Para la funcionaria hay que “pensar la corrupción no sólo como la que reciben nuestros gobiernos, sino también la de los empresarios”.
 
Rodríguez bregó por reducir la inequidad puesto que “no hay diálogo posible sin equidad”. En ese contexto destacó el rol de los centros de Acceso a la Justicia dentro de un “esquema de empoderamiento legal” ya que “los mayores problemas para nuestras comunidades no están en lo penal, sino en el acceso a la justicia”.

“El acceso a la justicia produce desarrollo humano”, concluyó.

La jornada también tuvo un momento en que la dinámica permitió preguntas de los asistentes y trabajos en diferentes mesas de trabajo. Uno de los puntos que por ejemplo mostró este debate fue cuando el guatemalteco Álvaro Pop, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), y representante indígena, respondió sobre cómo integrar la cosmovisión indígena en los objetivos del organismo internacional.

“Cada experiencia y cada país es diferente”, dijo Pop y sostuvo la necesidad de crear “plataformas que permitan el diálogo” aunque planteó una pregunta ante la concepción de instituciones sólidas que contiene el ODS 16: “¿Significa aniquilar el institucionalismo indígena” o un “neo-colonialismo?” y llegó a la conclusión de que hay que “hacer complejas reflexiones” donde “tomar en cuenta a los indígenas es fundamental”.

Guilherme Canela, consejero de la UNESCO, dijo que “no hay desarrollo sin libertad de expresión” y, a su vez, “tampoco hay desarrollo sin acceso a la información pública”. “En los últimos 10 años desde Unesco se han condenado 857 asesinatos a periodistas”, concluyó.

Entre tanto, el coordinador del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y DDHH, Héctor Chayer, dio cuenta de los mecanismos de participación en las iniciativas de justicia. Explicó que el programa posee una “dinámica de participación pública con debates virtuales y presenciales” donde hay unas 70 iniciativas, 7 ejes y 20 equipos de trabajo.

De la misma manera, Mario Coriolano, defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “se necesitan instituciones sólidas” y contó cómo se desarrolla el programa ciudades justas y seguras en las localidades de Quilmes y Pergamino, “un programa multisectorial de prevención comunitaria”.