Con la inclusión de Santa Fe a fines de agosto pasado en esta iniciativa, ya son seis las provincias que se sumaron a la utilización de esta herramienta para combatir la violencia de género.
Las medidas judiciales de protección en los casos de violencia de género parecen no representar un freno para los victimarios: su cumplimiento es muy escaso. Por eso, la toma de medidas requiere de más ayuda que la decisión de un juez. En este sentido apunta el plan de entrega de dispositivos electrónicos que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a seis provincias que adhirieron a la iniciativa.
Foto: Ministerio de Salud MendozaSanta Fe fue la última en unirse, a fines del mes pasado, al programa del que ya forman parte Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza y Salta. María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la cartera que dirige Germán Garavano, fue la encargada de llevar a cabo este nuevo acuerdo con la administración santafesina que, en principio, funcionará como prueba piloto.
El uso de estos dispositivos se hizo necesario ante los casos de violaciones de las medidas de protección que, en ocasiones, terminaban con la muerte de la víctima. Tal fue el caso de Maira Belén Morán, quien murió asesinada por Alberto Moreno, en julio de 2015. Entonces, la joven había conseguido tres órdenes judiciales en contra del femicida.
Cómo funcionan
Los nuevos dispositivos permitirán advertir el peligro antes de que la persona sobre la que pese una prohibición de acercamiento. Víctimas y agresores cuentan con una unidad dotada con un mecanismo de geolocalización que avisa a las autoridades y a la víctima, para que ambas puedan actuar.
Por su parte, esta herramienta se pensó como opción complementaria al botón antipánico. Sucede que con éste, el riesgo no llegaba a ser evitado totalmente: la mujer tenía que activarlo cuando ya no tenía muchas opciones.
De cualquier forma, vale aclarar, los dispositivos no funcionan de forma autónoma. Su uso se pensó de forma complementaria a las medidas de los jueces, y como un medio para evitar desenlaces como el del caso de Morán.
Las nuevas formas de “geolocalización” no fueron pensadas solamente para los casos de violencia de género. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación también comenzó a implementar pulseras electrónicas para las personas que acceden a regímenes de libertad condicional, o que están cumpliendo prisión domiciliaria. Santa Fe, Jujuy, San Juan, Mendoza y Misiones son algunas de las provincias que accedieron a este sistema a través de acuerdos con la cartera dirigida por Garavano.
