A través de consensos realizados con los operadores judiciales de todo el país, se avanza en la concreción de un sistema especializado de atención para los casos de violencia de género.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Latinoamérica hubo 2500 muertes por femicidios entre abril de 2015 y 2016. En Argentina, muere una mujer cada 31 horas por casos de violencia doméstica, aunque en los últimos meses la cifra bajó a 18 horas.

Desde el inicio de la gestión a fines de 2015, María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, viene trabajando en el desarrollo y la implementación de un Modelo de Atención Integral (MAI) para los casos de violencia doméstica con reuniones con operadores judiciales de todo el país.

Hoy en día, se está trabajando “la ley procesal que debiera establecer el diferencial para que un mismo juez, con competencia civil y penal, pueda juzgar” este tipo de causas y también los delitos sexuales.

La concepción de este nuevo sistema de recepción de las víctimas, explicó Rodríguez,  es brindar una “respuesta rápida y eficiente, evitar la repetición y el escalamiento” porque al ser un tipo de delito donde hay “relaciones intrafamiliares y un vínculo afectivo entre víctima y victimario” se requiere un “abordaje interdisciplinario para poder dar respuesta adecuada” a las denuncias de causas de violencia.

“La idea de un fuero unificado para las causas de violencia de género se enrola en una concepción que empieza a darse cuenta que, pese a los esfuerzos, el modelo actual de gestión judicial no termina por dar una respuesta más eficiente. Esto queda acreditado en el alto índice de femicidios en el contexto doméstico.  Por eso necesitamos un sistema a la medidas de las víctimas”, expresó la funcionaria.

Es un diseño organizacional diferente que más allá de cómo cada provincia luego desee realizar la organización procesal y de infraestructura se basa en un sistema “interdisciplinario”. El mismo estaría compuesto por un juez “especializado” en este tipo de causas, y un equipo conformado por psicólogos o psiquiatras, trabajadores sociales y diferentes especialistas. El despacho del magistrado tiene que ser la sala de audiencias junto a un “sistema de apoyo” y a una oficina que controle la posterior ejecución de la sentencia.

A través de las reuniones con jueces de tribunales superiores provinciales, abogados civilistas y penalistas, procuradores, así como asesores tutelares y especialistas en discapacidad se planea un modelo integrado por un “colegio de jueces especializados, con audiencias inmediatas posteriores a la denuncia, y a partir de allí un abordaje interdisciplinario a partir de la recepción de la denuncia”.

Esto le permitirá al magistrado tomar “medidas urgentes y prioritarias” para la víctima como pueden ser la exclusión suya del hogar del agresor o fijar una cuota alimentaria provisoria para que pueda seguir con su vida.

Recepción y respuesta rápida a la víctima

Desde la subsecretaria de Acceso a la Justicia, explicaron que se piensa “un perfil de juez diferente con una mirada abarcativa del conflicto”. Lo importante es que la “víctima no tenga varios frentes judiciales ante una situación dramática como la que sufrió”. Por ejemplo: una mujer se enfrenta a un juez civil que le lleva el divorcio, a un magistrado penal que lleva una causa por amenazas o lesiones, y a otro magistrado de violencia que es el que toma las medidas cautelares, dijo Rodríguez.

Entonces, explicó, que si un magistrado le impone una medida cautelar con exclusión del hogar, por un lado, y por otro, tiene una mediación prejudicial por el divorcio que ordenó la revinculación con su marido. O tiene otra causa por algún caso donde hay denuncias por abuso sexual a uno de los hijos. Hay algo que está fallado porque no se está teniendo un visión “integral” del conflicto.

La idea del nuevo modelo es que sea un mismo magistrado con capacitación en estas temáticas el que vea “toda la película y analice” la decisión que tomará ya sea en función de dictar un sobreseimiento en un caso penal o la revinculación en un tema civil. “Para la víctima es mucho más razonable acudir a un solo lugar y no tener tres jueces”, razonó la funcionaria.

“Es un proyecto que no plantea un parche, sino una reforma estructural. Haremos presentaciones en todo el país para que evalúen desarrollar un proyecto de ley con nuestros fundamentos para que el MAI se pueda implementar en todo el país. Pensamos un sistema para que sea más eficiente para resolver este tipo de causas”, concluyó Rodríguez sobre los pasos a seguir para la efectiva implementación del nuevo MAI.