A partir de un acuerdo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el RENAPER, las personas indocumentadas podrán ser asesoradas legalmente y, al mismo tiempo, regularizar su inscripción oficial en todos los CAJ del país. “El DNI es la puerta de entrada a todos los derechos”, señalaron desde la cartera que dirige Germán Garavano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, firmó esta mañana un convenio con el titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Juan José D’Amico, con el fin de establecer acciones conjuntas y coordinadas a favor de profundizar, difundir y federalizar las políticas públicas inclusivas y de acceso a la justicia.

Durante la firma del convenio, se endosó un acta complementaria que contempla la atención de personas sin documento en los distintos Centros de Acceso a Justicia (CAJ), y la regularización de la identidad de estas personas, a partir de la transmisión de sus datos a las oficinas del RENAPER.

También se acordó la facilitación de herramientas de patrocinio jurídico por parte de la cartera de Justicia, una vez que se implemente la Red de Patrocinio Jurídico Gratuito. También se contemplan capacitaciones de parte del RENAPER a los integrantes de los CAJ y la asistencia del Registro para casos complejos.

Garavano agradeció el trabajo conjunto, a la vez que consideró que la labor del RENAPER “es fundamental para que el Ministerio pueda garantizar el enfoque inclusivo e integral en nuestro trabajo con la sociedad. Esperamos seguir trabajando juntos para garantizar el bienestar y el desarrollo de todas las personas”, concluyó.

Garavano y RenaperEn este sentido la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, indicó: “El DNI es la puerta de entrada a todos los derechos”.

Por su parte D’Amico subrayó la importancia del convenio y expresó que el Registro se está expandiendo con la intención de llevar el derecho a la identidad a toda la Argentina, en especial a las comunidades más vulnerables. En esta línea, remarcó las acciones que están impulsando con otros organismos como la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones.

El acuerdo entre ambos organismos deriva de la necesidad de fortalecer las vías de información, comunicación y acercamiento de las instituciones a la comunidad, así como simplificar al máximo los dispositivos de acceso a los procedimientos administrativos. Para ello resulta imprescindible definir mecanismos de articulación que contribuyan a garantizar los derechos de las personas.