Lo dijo la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, en la séptima reunión del organismo. Se estudia crear un fondo fiduciario para la administración de los bienes incautados por el delito de trata.
La Argentina -a través de la Ley 28642- constituyó hace cinco años el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y la asistencia de las Víctimas, que se reúne tres veces al año como mínimo. En la apertura del plenario de la séptima reunión, que se llevó a cabo ayer y hoy en la ciudad de Neuquén, la coordinadora y subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos María Fernanda Rodríguez, manifestó: “Estamos afianzando el proceso institucional para el funcionamiento del Consejo”.
El encuentro se realizó en la Casa del Empleado de Comercio y participaron junto a Rodríguez el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez: el ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz; y la secretaria de las Mujeres, Patricia Maestegui, entre otras autoridades presentes.
El plenario concluyó y los asistentes destacaron que fue “muy importante” que se haya “logrado el consenso” para llevar adelante “los mecanismos de constitución de un fondo fiduciario para la administración de los bienes incautados” por el delito de trata.
Esta modalidad de constitución de un fondo fiduciario surgió como la más apropiada luego de un análisis legislativo comparado que se realizó desde la comisión de decomiso del Consejo Federal. Todas las recomendaciones emitidas por las cinco comisiones de trabajo fueron sometidas a votación por los miembros del Consejo y aprobadas por unanimidad.
La ONU define a la trata de personas como “un delito que afecta a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos”, incluidas la explotación laboral y sexual. Se calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de esta problemática.
En la Argentina, desde la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas, y hasta el 31 de diciembre de 2017, el Estado rescató y/o asistió a 11.853 víctimas.
Rodríguez destacó que “hay mucho trabajo y que no es fácil”, pero también señaló que “ve una voluntad común y convergente de producir mejoras en una política tan trascendente como es la vinculada a la persecución, protección y reparación de las víctimas de uno de los delitos más letales”.
Una problemática multidimensional
La coordinadora del Consejo Federal explicó que la trata es una problemática “multidimensional”. “Impacta en el cuerpo, en la mente y en la vida de las víctimas porque arrasa con las condiciones de desarrollo de las personas”, explicó. “Si no lo combatimos también nos daña social y estructuralmente porque estamos siendo cómplices”, agregó Rodríguez en el cierre del plenario.
La modalidad de las reuniones de trabajo se desarrolló en comisiones temáticas, donde se compartieron experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores. Algunas de las comisiones fueron de prevención del delito de trata, persecución y sanción a los responsables o la de protección y asistencia a las víctimas. Una comisión se encargó de la confección del informe anual, y otra de la supervisión de la unidad de bienes embargados y sujetos a decomiso.
Entre las conclusiones aprobadas por los miembros del Consejo está la elaboración de una guía de buenas prácticas y recomendaciones para periodistas, también la insistencia en promover la línea 145 como única línea telefónica de denuncias en todo el país y un programa de asistencia de casos para compartir experiencias de trabajo, producir información y estadísticas.
“Es muy valiosa la articulación del trabajo de las comisiones para avanzar en temas pendientes. También la coordinación con las provincias, porque no sólo trabajamos con el delito federal y los delitos conexos de la explotación” que se podrían suceder en diferentes partes del país y con competencias provinciales o federales, dijo la funcionaria.
Por último, Rodríguez planteó que “los desafíos son enormes” y que por eso desde el Consejo Federal “trabajamos fuertemente para conformar el fondo de asistencia a las víctimas y luego tonar decisiones del destino de manera transparente y consensuada”. Luego del plenario, el informe anual debe ser presentado al Congreso.
El Consejo Federal de Trata está compuesto por representantes de los Poderes Ejecutivo (6), Legislativo (uno por cada cámara) y Judicial (un representante por cada uno de las provincias y la ciudad de Buenos Aires). También uno miembro del Ministerio Público Fiscal, del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del Consejo Nacional de Mujeres, y tres por ONG.
En este plenario se eligieron a las tres ONG que colaborarán en este período con el Consejo: Volviendo a Casa, de Tartagal, Salta; Fundación Adoptar, de Tucumán; y la Asociación Civil Observatorio Social, de la ciudad de Buenos Aires. Y se agradeció la participación de las otras tres ONG que formaron parte durante este año: Casa del Encuentro, Cruz Roja y Foro No a la Trata.
Prevenir y asistir
En la anterior reunión, realizada en diciembre último en San Juan, se definió realizar un sitio web que permita difundir las actividades de prevención, que se elabore una guía de buenas prácticas con el modelo basado en la Red PAR y en la red de Trabajo Forzoso de la OIT, así como el desarrollo de una plataforma unificada de registro de caos de explotación.
También se había avanzado en la modificación del artículo 27 de la Ley 26.364, para incorporar los bienes embargados de causas por lavado de dinero provenientes del delito de trata y explotación de personas. Además, que los recursos del “Fondo de asistencia directa a las víctimas de trata” se destinen en “forma prioritaria a satisfacer las restituciones y reparaciones económicas a víctimas del delito”.
La próxima reunión será en agosto en Puerto Iguazú, en Misiones.
