La Primera Jornada Internacional de Lenguaje Claro, desarrollada en el Senado, contó con la presencia de representantes de organismos de los tres poderes que consensuaron conformar una Red Nacional de Lenguaje Claro.
La creación de una Red Nacional de Lenguaje Claro que se aplique en todos las instituciones gubernamentales fue la más importante conclusión que dejó la Primera Jornada Internacional de Lenguaje Claro (LC), convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ambas cámaras del Congreso de la Nación.
El encuentro se desarrolló esta semana en el Salón Azul del Senado, donde participaron especialistas de nivel nacional e internacional y más de doscientos cincuenta participantes.
Las jornadas buscaron que se extienda a toda la administración pública el criterio de sencillez en la redacción de sus textos.
Bajo el lema “El derecho a entender”, el secretario de Planificación Estratégica, Mauricio Devoto, convocó a “pensar a la Justicia como un valor que tiene como fin último darle a cada uno lo que le corresponde”, y abogó por hacer más simple la tarea de “entender las normas” ya que estas “nos guían a construir una sociedad más justa y pacífica”.
A su turno, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, recaló en que ya que “el derecho se presume conocido, no hay ninguna duda de que tiene que ser comprensible”. En ese sentido, señaló que el desafío es “cómo lograr que los diferentes actos del Derecho (leyes, actos administrativos o las sentencias) sean explicados en 140 caracteres” y que en “el futuro será a través de la inteligencia artificial”, ejemplificó.
“El ciudadano pide simplificar, hacer simple lo complicado y usar la inteligencia para ir por ese puente” es una meta, tal como lo resumió el funcionario. En su portfolio carga con la experiencia del Boletín Oficial Electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, María Fernanda Inza, secretaria de Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires, dijo que “atrás de las normas hay personas por eso hay que mejorar la comunicación, y ser más precisos en dos pilares como la transparencia y la consistencia. Hay que promover un uso adecuado del lenguaje para garantizar el derecho de todo ciudadano a entender las normas que lo rigen en su vida diaria”.
En tanto, Juan Pedro Tunessi, secretario parlamentario del Senado, manifestó que el uso entendible de la lengua “se convirtió en una necesidad permanente e ineludible. Es un derecho del ciudadano comprender los lenguajes técnicos”.
Llegar a la ciudadanía
En el primer panel expusieron Alicia Arena, coordinadora de Planificación y Control de Gestión del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) quien ahondó sobre el trabajo de un sistema que tiene su origen en 1981. En su exposición, detalló el trabajo para que “se conozca, se entienda y se cumpla” la ley.
“Desarrollamos servicios como Ley simple, Justicia cerca o Lectura fácil para que la gente entienda las leyes”. “Pensamos que hacíamos conocer la Ley, que llegaba a la ciudadanía, pero no se entendía”, sinceró a tono con la creación de los portales.
Por su parte, Fernando Rocca, director general de Programas de Investigación y Capacitación del Senado, celebró la conformación de la Red Nacional de Lenguaje Claro y aseguró que en la Cámara Alta ya se encuentra previsto continuar con la capacitación continua en la materia: “Estamos felices de haber obtenido el compromiso de autoridades de los tres poderes del Estado para construir e instalar la Red en nuestro país”, aseguró.
En tanto, Martín Böhmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, expuso una visión de la iniciativa de las jornadas desde el punto de vista de la educación.
En ese sentido, explicó que hay “que seguir construyendo la legitimidad de la autoridad a través del convencimiento de los ciudadanos”, y que se “realiza a través del diálogo, con la legitimidad y claridad como conceptos claves”.
Expertos internacionales
En los paneles subsiguientes, la especialista en lingüística aplicada, asesora de la comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile -e integrante fundadora de la Red de Lenguaje Claro-, Claudia Poblete, desarrolló el interés de los organismos públicos de su país por la movida que tomó mayor impulso en 2009 cuando entró en vigencia la Ley de Transparencia por la mala evaluación que los ciudadanos tenían sobre el Gobierno.
“La utilización del Lenguaje Claro le otorga a los organismos estatales una identidad más confiable, positiva y coherente”, aseguró la mujer.
Por su parte, la letrada y docente española especializada en técnicas de oratoria y redacción jurídica y miembra del comité de expertos de lenguaje jurídico, Cristina Carretero, remarcó la importancia de que el LC sea incluido en la enseñanza universitaria de la carrera de Derecho y señaló que “una Justicia moderna es aquella que la ciudadanía es capaz de comprender porque sin comprensión no hay confianza y sin confianza no hay cumplimiento”.
Párrafo aparte para la profesora de letras argentina especializada en lingüística forense y miembro integrante de Clarity (asociación internacional que promueve la claridad en el lenguaje jurídico), Mariana Bozetti. “La utilización de un lenguaje oscuro, plagado de tecnicismos y rodeos, produce distanciamiento y desconfianza entre el ciudadano y el Estado”, explicó.