El Poder Judicial de Río Negro hace dos meses que empezó un cambio radical en su servicio de justicia penal al elegir el sistema acusatorio, donde los fiscales guían la investigación de los casos. El Superior Tribunal provincial señaló que la reforma le brindará “más derechos a las víctimas porque se amplió su concepto” y explicó que se agregó a la nueva ley procesal el derecho a acceder a asistencia legal gratuita.
El objetivo del nuevo sistema, explicaron los operadores, no es llevar todas las denuncias a juicio sino “tratar de solucionar los conflictos interpersonales que derivan en delitos”. Por eso se fortalece la conciliación, la mediación penal y otros criterios de oportunidad, con la participación de la víctima y el imputado, procurando la reparación del daño causado.
En el sistema acusatorio -que ya rige en provincia de Buenos Aires, por ejemplo- todo el impulso de la investigación está a cargo de los fiscales, que son los dueños de la acción penal pública. También se proyecta a nivel nacional una reforma en el mismo sentido.
En los tribunales del sur del país, la idea es que los jueces tengan una “imparcialidad total” con el nuevo sistema de enjuiciamiento ya que “no pueden ordenar pruebas de oficio ni interrogar a testigos, víctimas o imputados”. “Deben limitarse a resolver sobre la base de lo que ven y escuchan en las audiencias, sin tener conocimiento previo de la causa”, explicaron magistrados intervinientes.
Entre otras características, la “velocidad y el adiós al expediente de papel” se realiza en todo el proceso, desde la formulación de cargos hasta la sentencia. Desde el primer y el último paso se realizan en “audiencias orales y públicas que quedan registradas en audio y video”. El nuevo Código impone plazos “breves e improrrogables” para cumplir cada etapa del proceso hasta su finalización.
Durante agosto, primer mes del nuevo Código Procesal Penal, hubo 302 audiencias: se realizaron 265 (el 88%) y se cancelaron 37 (el 12%) por diversos motivos, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Oficinas Judiciales.
Juicio por jurados y capacitaciones
La próxima etapa de la reforma procesal penal llegará en marzo de 2019. En esa instancia, cuando la fiscalía solicite más de 12 años de prisión para el acusado de un delito, el juicio oral y público se realizará mediante jurados populares, permitiendo la participación directa de los ciudadanos en la resolución de los conflictos penales más graves.
durante 2016 y hasta junio de 2017 la Escuela de Capacitación Judicial dictó más de 90 cursos, talleres y prácticas sobre los nuevos roles, las formas diferentes de trabajo y la utilización de programas informáticos y software nuevos.
Se capacitaron más de 2600 personas, entre jueces, funcionarios del Ministerio Público, personal administrativo, equipos técnicos y peritos. Y hubo capacitaciones externas para periodistas, abogados particulares, policías y estudiantes.
Cambios edilicios
La reforma no fue sólo del proceso de trabajo: también implicó cambios de infraestructura en toda la provincia. Por un lado, dejaron de existir los juzgados de instrucción, los correccionales y las cámaras criminales. Por otro lado, la nueva estructura jurisdiccional está integrada por: el Superior Tribunal de Justicia, con sede en Viedma, de cinco miembros; el Tribunal de Impugnación, de cuatro miembros; y un foro de jueces y juezas penales en cada cabecera de circunscripción: Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti. El foro está dividido en jueces de Garantías y jueces de Juicio.
La Oficina Judicial (OJ) sorteará para cada nuevo caso un juez de Garantías y los jueces de Juicio que correspondan, según el estado y tipo de proceso. Los Juzgados de Ejecución Penal, que controlan que se cumplan las sentencias, funcionan de manera independiente al foro.
La OJ, similar a una que se plantea crear a nivel nacional para casos de violencia de género, es un gran organismo administrativo. Se encarga de centralizar la programación y grabación de audiencias, sortea los jueces para cada causa, dispone los legajos de cada proceso, cita a los testigos, controla la asistencia de imputados, el cumplimiento de las pautas de conducta, además de, entre otros muchas más, realizar un servicio de estadísticas, notificaciones, cuestiones gerenciales, de recursos humanos o suministros, etc.
