Tras la reglamentación de la Ley de Víctimas, que detalla la protección que brinda esta legislación a las personas que sufren distintos tipos de delitos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tendrá bajo su órbita el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) que coordinará su asesoramiento jurídico, psicológico y social.
El CENAVID fue creado por la ley 27372. Aplicará los “derechos de las personas víctimas de delitos” para coordinar su asesoramiento jurídico, psicológico y social así como ofrecer “contención, orientación y acompañamiento a las víctimas de delitos”. Está dirigido a personas que sufrieron “delitos de competencia de la Justicia federal y también de la justicia ordinaria cuando lo solicitan autoridades locales”, según expresa la normativa.
Los familiares de las víctimas podrán asesorarse sobre este servicio en los 89 Centros de Acceso a Justicia (CAJ) de todo el país o llamando a la línea 149 de forma gratuita las 24 horas del día. Y en realizar la correspondiente denuncia en las comisarías, fiscalías, juzgados y organismos especializados.
Según la ley, durante el proceso penal, el organismo deberá “atender y asesorar sobre sus derechos a las víctimas que lo soliciten así como recibir asistencia gratuita para su recuperación psíquica, física y social”.
“Las personas víctimas de delitos tienen derecho a ser oídas durante todo el proceso judicial y a una intervención rápida de la justicia”, expresó la subsecretaría de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, sobre la creación del organismo.
En esa línea, el centro de asistencia dispondrá de “un servicio de urgencia fuera del horario de atención de sus oficinas para atender a las víctimas, asesorarlas sobre sus derechos y acompañarlas durante el proceso judicial, si correspondiere.
Trato digno y respetuoso
La ley se aprobó el año pasado en el Congreso y se reglamentó el 8 de mayo último a través del decreto 421/18.
La normativa señala que la víctima deberá “recibir un trato digno y respetuoso, que se respete su intimidad, ser informada sobre el estado de la causa y la situación de la persona imputada”. Y en caso de no contar con recursos necesarios para afrontar el proceso, el Estado le brindará “ayuda económica para el traslado, el hospedaje temporal y los alimentos”.
También podrá contar con la posibilidad de “aportar información y pruebas durante la investigación, ser escuchada y notificada ante cada decisión trascendental como puede ser la posible libertad de un condenado, hasta solicitar la revisión de estas decisiones del juez que afectan su derecho”.
En la etapa de ejecución de la pena, la persona afectada por un delito -o sus familiares- tendrá que “ser informada y tener derecho a opinar cuando el autor del delito puede ser beneficiado”.
Defender al vulnerable
En el artículo 2 de la reglamentación de la ley se crea el Observatorio de Víctimas de Delitos. Es un “organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos” con el fin de “producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública”.
En su conformación deberá contar con representantes en las regiones del noreste, noroeste, Cuyo, centro y sur del país para garantizar una adecuada protección de las poblaciones vulnerables. Estará integrado por víctimas de delitos y será presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien podrá disponer las acciones y medidas para su adecuado funcionamiento.
La ley también prevé la creación e instrumentación de la figura del Defensor Público de la Víctima, bajo la órbita de la Defensoría General de la Nación. Entre sus funciones brindará “asistencia técnica y patrocinio jurídico gratuito” a familiares y amigos de las personas que sufrieron delitos.
Si se trata de un delito como un homicidio, la persona tiene derecho a recibir el servicio de patrocinio gratuito del organismo especializado en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Si es un caso de violencia de género, será asesorada por el Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género, que comenzará a funcionar este año.
