En orden a poner a las personas que sufrieron algún delito en el centro del proceso penal, se presentó en la legislatura neuquina una iniciativa que busca crear un órgano para representar a quienes hayan afrontado esta situación.

Funcionará para quienes quieran constituirse como querellantes ante las justicias Federal o Provincial.

Cuando una persona es víctima de un delito tiene la posibilidad de constituirse como querellante: esto implica que al momento de iniciar los trámites ante la Justicia también será una de las partes acusadoras. En la provincia de Neuquén, a través de un proyecto de ley, buscan brindar un apoyo para quienes decidan llevar a cabo una acción de este tipo.

La iniciativa prevé la creación de la Oficina de Asistencia a la Víctima Querellante, que dependerá del Poder Judicial. Los servicios, que serán gratuitos, serán prestados con prioridad a las personas que enfrente una situación económica más vulnerable, comunidades mapuches, centros de estudiantes y organizaciones sociales. Este nuevo espacio podrá actuar ante las justicia Federal o Provincial.

Entre otras cosas, la propuesta establece que no será impedimento para recibir asistencia que la víctima tenga algún tipo de ingreso económico, así como tampoco influirán su nacionalidad o residencia, como tampoco las de su victimario.

También se priorizará el tratamiento de los siguientes delitos: ambientales o de contaminación ambiental; violencia de género; contra la integridad sexual; violentos contra las personas; cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; discriminación.

El equipo de trabajo estará compuesto mayormente por abogados, quienes podrán acceder a los cargos a través de un concurso. El ejercicio del puesto durará cinco años. Habrá, al menos, un abogado por cada circunscripción judicial de la provincia, que son cinco.

Esta iniciativa se encuentra en la línea de lo dispuesto por el proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal Federal, ya que la víctima vuelve al centro de la escena en el proceso Penal.

En sus fundamentos, el proyecto señala que “en nuestro sistema jurídico, el reconocimiento de la participación de la víctima en el proceso penal y su alcance, es una cuestión arduamente debatida. No obstante ello, nuestro ordenamiento jurídico establece el modo y los supuestos en que las víctimas pueden participar en el proceso por el cual se determinan las responsabilidades en los ilícitos penales”.

El proyecto consigna que “en la situación social que atravesamos los neuquinos, es necesario dar este debate y permitir un adecuado sistema de promoción del acceso a la Justicia para las víctimas que tengan interés en participar de los procesos penales en el carácter de querellantes, pero que por las razones expuestas, no puedan afrontar los gastos que ello insume”.