El negocio del tabaco pasó en varias oportunidades por los tribunales, directa en indirectamente. Algunas sentencias fueron reclamos por daños a la salud o utilización de la imagen, pero también las empresas acudieron a los estrados.

Hugo Lespada comenzó a fumar mientras era adolescente en los 70’, en Mar del Plata. Tenía 17. Aunque realizaba distintos deportes, ese hábito se volvió adicción y dejó de realizarlos. Por entonces ya consumía por día unos 20 cigarrillos. El hombre presentó un amparo ante la Justicia por daños y perjuicios que le ocasionó y los tribunales de Mar del Plata condenaron a una tabacalera.

La indemnización decidida, a principios de agosto, por la Justicia de esa ciudad bonaerense asciende a los 110 mil pesos pero aún el fallo no es definitivo. Dado que “existía suficiente información sobre la dañosidad del producto”, condenó a la empresa tabacalera a indemnizar a Hugo porque desde entonces “permanece víctima de tal dependencia”.

Aquella veintena de cigarrillos diarios de cuando era joven aumentaron con los años y llegaron a los casi 50 actualmente. “Nunca más pude liberarme” de la adicción al tabaco que se generó siendo un “precoz adolescente”, sostuvo Lespada.

El tribunal entendió que por aquellos años -previos a la sanción de la Ley Antitabaco-, las publicidades asociaban el fumar a prácticas “placenteras” lo que hacía contradictorio el mensaje que recibía el consumidor. La empresa debía informar “debidamente de las consecuencias del consumo y no limitarse -cumpliendo una reglamentación legal- con advertir que era ‘perjudicial para su salud’”.

El tribunal entendió que por aquellos años -previos a la sanción de la Ley Antitabaco-, las publicidades asociaban el fumar a prácticas “placenteras” lo que hacía contradictorio el mensaje que recibía el consumidor.

Antecedente

Existen, con todo, antecedentes de fumadores que van a los tribunales para verse resarcidos por el mismo motivo. En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo realizado contra dos industrias del rubro, más el Estado Nacional, por la viuda e hijas de un fumador que falleció de cáncer de pulmón.

Las tabacaleras fueron demandadas por la muerte del hombre porque promocionan “el consumo de un producto altamente peligroso” y la “elaboración de dicho producto y su comercialización, vulnera la salud de los consumidores”. No tuvieron suerte en ninguna de las instancias judiciales donde su reclamo fue desestimado.

La Corte Suprema consideró que no estaba probado el “nexo causal entre el consumo de cigarrillos y la enfermedad”. La sentencia fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y el ahora jubilado Carlos Fayt.

No va más

Además de las presentaciones en la Justicia por parte de personas con la adicción en sí existen casos que tienen que ver con sus perjuicios derivados. En 2012, la justicia de Mendoza le dio la razón a la familia de un trabajador que se desempeñaba en un lugar cerrado donde las personas fumaban y constantemente había humo en el ambiente.

El hombre trabajó 37 años en un casino, en un ambiente con alta concentración de humo y se jubiló por invalidez, a poco después fallecer de cáncer de pulmón. En el fuero laboral provincial consideraron que había una “clara relación de causalidad entre la patología y el trabajo en un ambiente altamente contaminado por el humo del cigarrillo.

La justicia corroboró esta relación a partir de los testimonios de compañeros del hombre fallecido puesto que afirmaron que “el lugar estaba viciado, que 70 compañeros de trabajo han fallecido por afecciones ocasionadas por el cigarrillo, que padece de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) a pesar de haber dejado de fumar en 1980”. Ordenó que se indemnice a la familia del hombre fallecido con poco más de medio millón de pesos.

Políticas públicas

También hay antecedentes de una política estatal contra la adicción judicializada. En 2005, la provincia de Santa Fe sancionó la Ley 12.432 denominada antitabaco que establece prohibiciones a los fumadores para proteger el ambiente, el ámbito público y privado, y limitaciones a la publicidad de productos derivados del tabaco. Por ejemplo prohíbe “auspiciar eventos deportivos y culturales”.

Una de las empresas controladoras del mercado fue a la Justicia contra la “constitucionalidad” de la norma y el caso llegó hasta la Corte Suprema, nuevamente. En octubre último, en un fallo firmado por los jueces Lorenzetti, Highton y Maqueda, el Máximo tribunal avaló la ley argumentando que “el poder de policía en la materia le corresponde a las provincias y éstas lo ejercen dentro de su territorio”.

Se sostiene que al elaborarse la normativa provincial se “ha prestado especial atención al derecho de la salud” y consideró que la limitación en la publicidad “no se revela como desproporcionada con la finalidad perseguida de bien público” y, por el contrario, “el legislador provincial ha ejercido sus facultades en forma razonable” y con arreglo a los estándares internacionales.

Amparo por una campaña

En Córdoba, una familia presentó un habeas data (amparo) en la justicia federal contra varias empresas tabacaleras y el Ministerio de Salud de la Nación porque sostenía que habían usado sin autorización la imagen de su padre enfermo, poniéndola en los paquetes de cigarrillos para desalentar el consumo. Pero la justicia cordobesa rechazó la demanda.

La sentencia -firmada en diciembre de 2012- consideró “prematura” su presentación y por no haber seguido los pasos que se establecen en la ley para este tipo de presentaciones, tales como el “requerimiento e intimación previa a la autoridad de aplicación” sobre la infracción denunciada.