En el marco de la reforma del Código Procesal Penal que se piensa llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires el año que viene, se propusieron una serie de “tratamientos alternativos” de solución más rápida y eficiente mientras dura el debate legislativo.

En esa línea, se vienen realizando reuniones periódicas con todos los operadores judiciales cada 15 días donde se configuró un Mapa Judicial con los problemas de la provincia en materia de Justicia, así como sus posibles soluciones.  Relevaron la situación de cada uno de los 19 departamentos judiciales del distrito demográficamente más poblado del país.

En la mesa participan representantes del ministerio, de la Suprema Corte provincial, de la Procuración general, de la asociación de magistrados y del colegio de abogados. Allí se vienen evaluando las necesidades de crear órganos judiciales nuevos o distribuir competencias de órganos existentes, entre otros temas para acelerar los procesos que conlleva una causa.

A mediano plazo, se planteó una “reforma integral” del código de procedimientos en materia penal con base en tres ejes. Según destacó el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, se trabajará en “una modernización tecnológica, el aceleramiento de los procesos y en potenciar el rol de la víctima”.

Eficacia y rapidez del expediente

Es una provincia de Buenos Aires que tiene un población de 16 millones 700 mil personas, con 835 órganos judiciales distribuidos en los 19 departamentos en funcionamiento en el conurbano y en el interior de la provincia. El distrito más grande es Lomas de Zamora, que según estadísticas de la Suprema Corte provincial, representa más del 10 por ciento de la carga de trabajo, así como le siguen en peso específico los tribunales de San Isidro (8,4) y San Martín (7,5).

En esa línea, se propuso acelerar los procesos judiciales a través de una transformación integral del sistema recursivo. En los procesos donde hay hasta cuatro instancias de apelaciones, la idea del Gobierno de María Eugenia Vidal es evitar las “vías recursivas” para acortar los plazos de las causas y hacer más “dinámico” el proceso.

En tanto, estos cambios implican simplificar el sistema apelaciones, de habeas corpus y de recursos porque consideran que es “caótico” y que demora el servicio al ciudadano. “Eliminar las vías recursivas que se duplican y prolongan de forma innecesaria los procesos”, explicó Grassi. Y agregó: “La idea es reducir los plazos taxativos pero no hay un número específico porque consideramos que no puede haber límites, por ejemplo, para investigar un homicidio. Hay que cambiar lo que haya que cambiar y no caer en una privación de justicia del ciudadano en busca de un sistema más dinámico”.

Estas medidas se implementarán en conjunto con dos los ejes mencionados sobre los cambios en la tecnología utilizada en los tribunales bonaerenses así como las reformas edilicias de los edificios.

Desde el ministerio provincial, creen que hay complicaciones recurrentes como la distribución “de la carga de trabajo en los juzgados” o los “constantes problemas edilicios”. Desde las mesas de trabajo donde conviven todos los operadores judiciales esgrimen que se están reorganizando las ubicaciones de los edificios alquilados así como están evaluando su estado en pos de un mejor funcionamiento del Poder Judicial que no afecte el acceso hacia los justiciables.

Como por ejemplo, se realizó hace pocos días una prueba piloto en la Unidad Penal 9 de La Plata. Se llevó una videoconferencia entre una jueza de Ejecución Penal y un interno en la búsqueda de reducir la movilidad de las personas privadas de la libertad, bajar los costos de traslado y acelerar así los tiempos de los procesos judiciales, explicaron desde el organismo.

En tanto, mencionaron otro ejemplo para acelerar los plazos de los expedientes. En el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (RPJ), detectaron que “hay cargas de trabajo mal distribuidas”. Por un lado, el excesivo trabajo de los Juzgados de Garantías del Joven (que concentran el 90 % de la carga laboral) y la poca labora que tienen los juicios de menores (llamados Juzgados de RPJ). Y aportaron este dato, Necochea tuvo 15 causas de este tipo de delitos en un año.

“Un expediente aún bien resuelto después de 10 años, en definitiva, no es una solución justa ni verdadera justicia. Se pierde el valor Justicia con una sentencia dictado con tanto tiempo de demora”, sentenció Grassi.

Despapelización

Otro eje clave para acelerar los procesos que seguirán con un sistema acusatorio es la revolución tecnológica para dejar el legajo escrito y avanzar en los expedientes digitales. Esta medida se da en el marco de la reforma del Código Procesal Penal bonaerense que entrará a discutirse a la Legislatura a fin de año y tiene como fecha clave de presentación en sociedad el 15 de septiembre.

Sobre los cambios tecnológicos, la idea es alcanzar en la oralidad de todos los procesos penales, con una modernización de los procesos de prueba para abandonar el legajo escrito y avanzar en digitales.  Ya se está implementando en varias partes de una causa en la justicia civil, con la iniciativa de avanzar en el fuero penal y laboral, entre otros.