Alcances de la nueva ley de acceso a la información pública

Todos los poderes del Estado están obligados a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera. Esa obligación quedó establecida en la reciente sanción y promulgación de una nueva normativa.

La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia el pasado 29 de septiembre con la publicación en el Boletín Oficial tanto de la ley como del decreto 1044 que la promulga. De esta manera, se reemplaza al decreto 1172 del 2003, que obliga sólo al Poder Ejecutivo Nacional a brindar información.

El acceso a la información pública constituye parte esencial del derecho humano a la información y a la comunicación. Y es en esa línea que la ley promueve la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública, principios que serán especialmente velados por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que crea la norma.

En sus primeros artículos se menciona el derecho de “toda persona que lo solicite” a “buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información” y se ordena a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público Fiscal, a universidades, partidos políticos, empresas y gremios que reciban aportes públicos, a brindar la información requerida. La respuesta debe darse en un plazo de 15 días con la posibilidad de una prórroga excepcional por otras dos semanas.

Si tras ese período de tiempo, el solicitante no recibe respuesta o se le brinda información inexacta, incompleta o ambigua, podrá iniciar un reclamo administrativo en la Agencia de Acceso a la Información Pública además de interponerlo ante los tribunales de primera instancia del fuero contencioso administrativo federal.

Excepciones

La dependencia a la que le requieran información sólo podrá negarse a brindarla -y en ese caso siempre deberá fundamentar su negativa- si los datos no existieran o formaran parte de información reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. Tampoco se publicará información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero; secretos industriales, comerciales y científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad.

Organismo a cargo

El proceso de consulta y entrega de información estará a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, un ente autárquico que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su director tendrá el rango de secretario de Estado y será elegido cada cinco años por el PEN, tras ser evaluado en una audiencia pública.

Además, cada poder del Estado deberá crear su propia agencia con funcionamiento acorde al de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Aceptación por parte de la OEA

No bien fue aprobada esta nueva ley, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró la medida mediante un comunicado y felicitó a Argentina por incorporarse al grupo de 22 naciones cuyas normas garantizan el acceso a la información pública. De esta manera, dijeron, Argentina se adecua a los estándares interamericanos en cuestiones de derecho a la información, en el marco de la promoción de la libertad de expresión.

Además, la Relatoría Especial señaló que el respeto pleno de este derecho es “una garantía para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo”.

Acceso a la información en la región

Argentina era uno de los pocos países de América Latina sin ley de acceso a la información pública, por lo que es posible ahora comparar su normativa con el resto de los países de la región, con los que coincide en mayor medida.

Por ejemplo, al igual que Chile y Uruguay, la nueva ley argentina se atiene al principio de no discriminación por lo que cualquiera puede solicitar datos “por escrito o medios electrónicos”, con la sola presentación de su identificación, sin ser necesario que el pedido se acompañe de un motivo específico. En Honduras, por el contrario, el derecho se restringe a ciudadanos o residentes.

Por otra parte, así como en Argentina la información se debe entregar en “el estado en el que se encuentre” disponible, en Nicaragua y Ecuador agregan el principio de multietnicidad y obligan a proporcionar los datos en todas las lenguas locales para asegurar la participación de la comunidad toda.

Además, en varios países y ahora Argentina, se crearon organismos especiales de control y procedimientos del acceso a la información, a diferencia de Colombia donde son las dependencias estatales correspondientes a la información solicitada las que encargan del proceso.

Por último, la nueva ley argentina incluyó, tal como la de Chile, Perú y Panamá, la obligación de dar a conocer sueldos del personal y todos los contratos y gastos públicos, punto importante para la transparencia y prevención de la corrupción.