De perpetua a absolución por no acceder a defensa acorde

Lo decidió el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Los camaristas criticaron la investigación y la prueba recabada en el juicio. Y sostuvieron que Reina Maraz, que es quechua, no había accedido a una legítima defensa.

El 28 de octubre de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes había condenado a Reina Maraz Bejarano a la pena de prisión perpetua por el supuesto asesinato de su pareja, Limber Santos Villca. La acusaron de ser la coautora del homicidio con alevosía por estrangulamiento. Pero la sentencia fue revocada por el tribunal de alzada el 29 de diciembre pasado: los jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Ricardo Maidana y Mario Eduardo Kohan, aceptaron el recurso impuesto por la defensa oficial de la mujer quechua.

En la sentencia de 37 páginas, los magistrados coincidieron en la absolución de Maraz, quien había sido condenada de por vida a permanecer en prisión por el tribunal de primera instancia de Quilmes. También criticaron duramente la investigación realizada, los testimonios y la prueba recabada.

Maidana y Kohan consideraron que “las condiciones personales de la imputada la ubican dentro de los denominados ‘grupos vulnerables,’ siendo que pertenece a una comunidad indígena, es quechua parlante, víctima de violencia de género dentro del ámbito conyugal, analfabeta, y es inmigrante -con escasos recursos económicos- del Estado Plurinacional de Bolivia, lugar en donde habitaba en una comunidad cuyas diferencias estructurales, organizacionales y culturales son imposibles de obviar a los efectos de la presente”.

Los camaristas entendieron que los jueces de Quilmes no tuvieron en cuenta al juzgar a la mujer su “entorno socio-cultural” y el consecuente “tratamiento diferenciado que supone incorporar perspectivas específicas, tal como lo dispone la Constitución y la normativa de derechos humanos incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno”.

Al momento de ocurrido el asesinato, Maraz había vivido la mayor parte de su vida en una zona rural cerca del pueblo Avichuca, en Bolivia. Vivía hace menos de un año en la localidad bonaerense de Florencio Varela junto a sus dos hijos “por decisión de su pareja, Limber Santos Villca”, quien ya vivía en Buenos Aires hace un tiempo. Santos Villca murió en un confuso episodio, según el fallo, en el cual estuvo involucrada Maraz y el hermano de la víctima, apodado “Tito”.

Con respecto a su condición de extranjera y perteneciente a una comunidad originaria, Maidana explicó que “la falta de abordaje acerca de las circunstancias particulares de Reina Maraz en el contexto de la administración de justicia en materia penal, han generado una clara discriminación hacia su persona que no hace más que sembrar de dudas la objetividad de la sentencia acerca de su culpabilidad frente al hecho en cuestión”.

Con respecto al idioma, los magistrados argumentaron que en toda la etapa del juicio “la imputada tuvo serias dificultades para comunicarse en su lengua originaria (quechua) durante gran parte de la instrucción penal preparatoria en la que estuvo privada de su libertad”.

Los jueces agregaron que la mujer estaba presa y sometida a un proceso penal “ajeno a la cultura en la que ella desarrolló la mayor parte de su vida, afectando inevitablemente los derechos de acceso igualitario a la justicia, no discriminación, igualdad ante la ley, a ser oída y de defensa, entre otros”.

Al revocar la resolución del tribunal de Quilmes, los camaristas fundamentaron que “la imputada no posee el conocimiento suficiente del idioma castellano como para desenvolverse sobradamente en un proceso penal con un lenguaje científico específico -muchas veces incluso desconocido e inentendible para personas cuya lengua originaria es el castellano- y, de este modo, transmitir sus pensamientos, comprender el contexto y ejercer correctamente su defensa”.

Kohan, en adhesión al voto de su colega, también expresó que la etapa de investigación no probó cómo ocurrió la muerte del marido de la mujer condenada ni el asesinato y que “no es posible establecer lo verdaderamente ocurrido en los momentos previos a la muerte de Santos Villca, es decir, si la víctima estaba dormida, si se había alcoholizado o si existió una pelea o discusión entre ésta y Tito”.

Y sumó un condimento más a los mencionados, ya que expresó que la condenada padecía situaciones de violencia de género por parte de la víctima en el ámbito del hogar. Por último, citó algunos tratados y fallos internacionales sobre la cuestión al “hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, absolver a la imputada, ordenando su inmediata libertad”.

Algunos precedentes internacionales

Las cortes internacionales, que citan los jueces del tribunal, sentenciaron en el sentido de validar las obligaciones del Estado a través de la administración de justicia en los casos que involucren a personas de comunidades aborígenes.

Entre ellos, figura la causa “López Álvarez vs. Honduras,” caracterizada por la presencia de miembros de la comunidad garífuna como imputados.

La Corte IDH afirmó que “los Estados deben tomar en consideración los datos que diferencian a los miembros de pueblos indígenas de la población en general, y que conforman la identidad cultural de aquellos”.

En el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, de 2012, la Corte internacional estableció que “el reconocimiento del derecho a la identidad cultural es ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas protegidos por la Convención”.