Por Nicolás Negri, coordinador para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El dinero es poder

En el dinero radica la capacidad corruptora de las estructuras criminales. Con dinero el terrorismo costea atentados, recluta, paga salarios y pensiones a sus combatientes. Con dinero los totalitarismos y actores no estatales desarrollan armas de destrucción masiva.

Pero en el dinero es a la vez su talón de Aquiles. Ya sea para blanquearlo o para financiar el terrorismo o la proliferación de armas, recurren en gran medida al sistema financiero formal, donde terminan exponiendo sus fondos y dejando huellas.

Si bien el mayor monitoreo de los sistemas tradicionales para mover dinero como el hawala o los couriers, redujeron la ventaja de recurrir a estos canales informales, hoy el desafío lo plantean las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que impulsaron el desarrollo de las FinTechs y las criptomonedas como alternativas novedosas de intercambio financiero.

Esta “guerra financiera” involucra a toda la comunidad internacional y no solo a los Estados sino también a los principales actores privados de la economía, fundamentales en la tarea de impedir el acceso de fondos ilícitos al sistema financiero.

Desde el mes de julio, la Argentina preside por primera vez el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a través del secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, que llevará a cabo, también por primera vez en el país, un Plenario Conjunto con el GAFILAT, encabezado por otro argentino, el embajador Eugenio Curia.

El GAFI cumple un rol crítico como responsable del diseño del sistema de estándares para la prevención y combate al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, y de la evaluación de su efectiva aplicación en más de 200 países, en cooperación con organizaciones regionales, como el GAFILAT en Latinoamérica.

La acción de GAFI ha llevado al ostracismo financiero y político a aquellos Estados no cooperantes o con deficiencias sistémicas en la materia –hoy Corea del Norte e Irán-, y ha contribuido a un profundo monitoreo por parte de los principales actores económicos (principalmente los bancos) de sus flujos para evitar canalizar fondos ilícitos con el enorme riesgo de sufrir multas millonarias y un enorme daño reputacional.

Durante la primera semana de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires, 800 delegados de los países y organismos que conforman el GAFI y el GAFILAT debatirán una agenda con eje en los Objetivos Prioritarios que postularon ambas presidencias argentinas.

Mientras que la lucha contra la financiación del terrorismo seguirá siendo prioridad del GAFI, la Argentina ha posicionado una preocupación de las economías emergentes: la inclusión financiera.

Hoy el desafío en esta materia lo plantea el “de-risking”, esto es, la creciente disminución por parte de ciertos bancos de relaciones de corresponsalía bancaria y la restricción de relaciones comerciales en ciertas regiones o con ciertas categorías de clientes (principalmente organizaciones sin fines de lucro, casas de cambio y servicios de transferencia de dinero) considerados genéricamente “de riesgo”.

La consecuencia no querida de la exclusión financiera es el fomento indirecto de los indeseados flujos de dinero informales por fuera del control del sistema financiero, terreno fértil para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Frente a ello, clave es seguir promoviendo regulaciones y controles inteligentes, con un enfoque basado en riesgos ciertos, que permitan concentrar los recursos y controles allí donde se evidencia la amenaza de la criminalidad financiera, evitando desincentivar el acceso a los servicios financieros y bancarios.

Este es un objetivo compartido con el G20, otro organismo internacional de enorme relevancia que también será presidido por nuestro país en 2018, y que ubica a la Argentina como nunca antes en un rol estratégico de escala mundial.